El Milagro Electoral

Usted probablemente sepa mucho de lo que va a leer a continuación:

Estamos en la mitad del 2009, esperando la publicación definitiva de la nueva Ley Electoral. Esta Ley está siendo revisada y será publicada por una Asamblea Nacional electa en el año 2005 con una participación inferior al 15% del electorado de ese entonces, cuya legitimidad ha estado en entredicho hasta por el propio Presidente de la República.

La actual Asamblea Nacional está absolutamente identificada con la ideología del Socialismo del Siglo XXI, con abierto apoyo a las modificaciones propuestas por el Ejecutivo para modificar la Constitución de 1999 por un mecanismo diferente al previsto en ella durante los años 2007 y 2009. Le ha habilitado con poderes legislativos en ausencia de situaciones de emergencia política, geográfica, social o financiera; ha facilitado la salida de recursos materiales y humanos incuantificables hacia otros países; ha ridiculizado a todos los que piensan diferente, aún dentro de sus propias filas; ha politizado al Poder Judicial, al Poder Electoral y al Poder Moral; ha celebrado el cierre de medios de comunicación y las sentencias dictadas contra presos de conciencia; ha honrado la memoria del terrorista más sociópata y destructivo de latinoamérica; ha permitido la invasión por miles de cubanos al Estado Venezolano y no ha adelantado ni una sola averiguación por las incontables denuncias de corrupción, entre otras cosas.

Debido a la interacción entre la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, se conformó un Poder Electoral por un mecanismo diferente al establecido por la ley, y por tanto su legitimidad también está en entredicho.

Este Poder Electoral, que estuvo en mora durante 10 años por haberse negado a redactar el Reglamento Electoral, según lo ordenado directamente por el Poder Originario (del cual nació la Quinta República), será exonerado de ese mandato, además de la responsabilidad por su incumplimiento, que le permitió publicar incontables variaciones a las reglas del juego en infinitas resoluciones antes de cada comicio. Se negó a publicar la voluntad de 1.8 millones de electores en el 2007. Incumplió con la ley electoral vigente que le exigía: entregar el Registro Electoral completo (con direcciones y teléfonos) a los partidos políticos; respetar los horarios de cierre de los centros electorales; avalar y promover la autoridad de los miembros de mesa, que fue ilegalmente sustituida por la figura arbitraria de los coordinadores de centro; limitar la participación y politización de los efectivos del Plan República; validar las actas de votación y escrutinio con las boletas depositadas en las urnas; y muy especialmente proteger el principio de "un elector - un voto" que se viola por la presencia de multicedulados y el uso de una tinta indeleble que se borra con cloro.

El actual Ejecutivo está regido por un Presidente de la República se juramentó sobre la Constitución de 1961, mientras la ridiculizaba con el término de "moribunda" y luego la modificó por un mecanismo diferente al previsto en ella, reeligiéndose en más de las oportunidades permitidas por la nueva Constitución, alterando el período presidencial y finalmente aboliendo el principio fundamental de la alternancia para perpetuarse en el poder. Además se burló del mecanismo del Referendo Revocatorio, convirtiéndolo en un Plebiscito, inexistente en nuestro marco jurídico.

Gracias a la interacción entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Moral, se inhabilitó políticamente a los principales candidatos opositores en las elecciones del 2008, y además se consolidó la violación de los principios constitucionales de alternancia y representatividad del gobierno por la validación de las morochas ilegales, inconstitucionales y antidemocráticas.

Violentando la antigua Ley, y por la omisión del CNE, hemos podido observar a la cabeza de los gremios y partidos políticos de oposición siempre a las mismas figuras, con la mayor disposición a participar y declarar, mientras lanzan incansables y muy duras críticas al aparato del Estado. Los dirigentes de los gremios profesionales han permanecido sin ningún cambio durante los últimos 10 años, y aún esperan a ser reelectos, si algún día el CNE les permite realizar elecciones. Nunca han organizado una protesta que imponga una nueva dirigencia gremial revitalizada, que sustituya a los actuales (quienes por cierto han logrado establecer toda suerte de relaciones con los gobiernos regionales y el propio gobierno central) mientras la infraestructura material, productiva, social, moral y profesional del país, desaparece.

En todos y cada uno de los anteriores eventos electorales se ha permitido una desproporcionada propaganda gubernamental, abuso de los medios de comunicación y -específicamente- la coacción del electorado, ampliamente documentada no sólo en vídeos, sino en informes de observación de organismos internacionales. Tal coacción está claramente tipificada como una causal de nulidad de los resultados electorales, sin que esta causal se hubiera invocado ni una sola vez por las fuerzas opositoras con una protesta efectiva.

La nueva Ley en cuestión, una vez publicada en Gaceta Oficial, avalará todas y cada una de las modificaciones, omisiones, sanciones y actividades ilegalmente ejecutadas contra la anterior Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, aún vigente, y contra las Constituciones de 1961 y 1999.

Ahora bien, lo que usted no sabe es esto:

A pesar de lo anteriormente expuesto, la nueva Ley permitirá el oportuno cambio de las correlación de fuerzas dentro de la propia Asamblea Nacional, los Consejos Legislativos de las diferentes dependencias municipales en detrimento del poder de sus propios redactores, quienes aceptarán mansamente despojarse de la inmunidad parlamentaria para enfrentar su responsabilidad. Además, por un influjo divino, la nueva Ley impulsada desde el propio Ejecutivo, permitirá de una manera democrática, pacífica y absolutamente electoral, la sustitución del actual presidente en el 2012, y despojarlo igualmente de su inmunidad a nivel nacional e internacional. Finalmente, la nueva Ley favorecerá la realización de un nuevo registro electoral, totalmente libre de irregularidades, supervisado por las diferentes fracciones políticas del país, y acabará con todos los vicios inherentes la utilización de máquinas de lotería para registrar y transmitir la voluntad del electorado, la irregularidad de los horarios, el abuso, la coacción, el fraude y despejará cualquier duda que pudiera existir sobre el principio de "un elector-un voto".

Esto será un verdadero Milagro: El Milagro Electoral!

Néstor Indriago